“Era para romper el empate”: Perrone se fue de sala y le dio la mayoría al FA para aprobar moción por Cardama
A casi dos meses de concluida la comisión especial que investigó la compra de las patrullas oceánicas (OPV) y a casi un año de que el gobierno anunciara el inicio del proceso de rescisión del contrato con Cardama, tras detectar que el astillero español había presentado una garantía falsa, la Asamblea General trató este miércoles los informes surgidos de la investigación parlamentaria.
En un asunto que ha generado fuertes tensiones entre el oficialismo y la oposición, con escasos puntos de encuentro más allá del reconocimiento de que la garantía de Eurocommerce era falsa, el Frente Amplio (FA) propuso enviar el informe en mayoría a la Fiscalía General de la Nación. El documento, que tiene características similares a una denuncia penal, busca poner en conocimiento del Ministerio Público la existencia de “actos con apariencia delictiva” para que determine las “eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos”.
Sin embargo, desde el Partido Nacional señalaron que el primer punto de la moción presentada por el FA establece el envío de “toda la documentación recibida, recabada y producida por la comisión”, por lo que consideraron “inocuo” el segundo punto, que refiere específicamente al informe de mayoría.
La moción fue aprobada con 65 votos en 128, todos aportados por legisladores del Frente Amplio. Al retirarse de sala los dos diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y el suplente de Silvana Pérez Bonavita, la relación de fuerzas cambió en la Asamblea General y hubo mayoría para el oficialismo.
Perrone explicó por qué no estuvo presente cuando se votaron las mociones del oficialismo y de la oposición. El legislador contó que intentó negociar con ambos bloques para aprobar una iniciativa presentada por el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, que proponía remitir a Fiscalía todo lo actuado por la comisión: las versiones taquigráficas, la documentación y los cuatro informes elaborados.
Sin embargo, las gestiones no prosperaron ante la falta de acuerdo entre los dos bloques mayoritarios del Parlamento: por un lado, el integrado por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente; por otro, el FA.
«El FA y la oposición —incluido Cabildo Abierto— están empatados en la Asamblea General: 65 a 65. Entonces, si se leían todas las mociones, ninguna iba a alcanzar la mayoría y todas iban a ser negativas. ¿Qué iba a pasar? No se iba a votar que se remitieran las actuaciones a Fiscalía. La única forma de que hoy se enviara algo, más allá de que se puede entrar a la página del Parlamento y la información es pública, era rompiendo el empate para que algo saliera. Hice el intento de votar la moción de Salle, pero se negaron todos. Si me quedaba había empate y no salía ninguna”, argumentó el diputado.
Agregó que se negó a trabajar con la información confidencial, por razones de seguridad en el Parlamento, y que, al no haber accedido a ella, no podía pronunciarse sobre los distintos informes elaborados por quienes sí habían tenido acceso a la documentación reservada.
En el extenso documento de 96 páginas que elaboró el FA en su momento —y que fue el que se votó afirmativamente para que se enviara a Fiscalía—, se marcaron tres figuras penales a perseguir: abuso de funciones, omisión a los deberes del cargo y falsificación ideológica por funcionario público.
La moción de la coalición republicana, en tanto, proponía elevar todos los registros taquigráficos de estos meses de trabajo parlamentario a la Fiscalía.
