El secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, se pronunció este jueves sobre la controversia en torno al astillero español Cardama, luego de detectarse irregularidades en la garantía presentada para la construcción de patrullas oceánicas. Sánchez lamentó el tono del mensaje publicado por el senador Javier García, quien calificó el tema como una “política menor”.
Sánchez sostuvo que, ante una situación de tal gravedad, el Gobierno actuó con firmeza para proteger al Estado uruguayo. “Lamento mucho el tuit del senador García, porque frente a un hecho tan serio no puede hablarse de política menor. Lo que se detectó son indicios de un intento de estafa al Estado”, afirmó.
Explicó que la empresa que presentó la garantía —radicada en Londres y propiedad de un ciudadano ruso— no existe en la dirección declarada, donde en realidad funciona una inmobiliaria. Además, precisó que la firma no tiene actividad económica desde hace más de dos años, no cuenta con empleados y está en proceso de liquidación.
“Estamos ante una empresa sin respaldo real. Los abogados que asesoran al Estado uruguayo en el Reino Unido confirmaron que no tiene actividad económica. Por eso hablamos de un intento de estafa y de la necesidad de resguardar al Estado”, señaló.
El jerarca enfatizó que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar posibles delitos. “Si existe un contrato millonario sin garantías válidas, el Estado debe detener el proceso, investigar y determinar si hubo negligencia o complicidad. No estamos acusando a nadie, pero la situación es muy grave”, advirtió.
Sánchez contó que, minutos antes de la conferencia del Gobierno, Cardama envió un correo al Ministerio de Defensa renovando la garantía con la misma empresa que había sido verificada por la embajada uruguaya en Londres y que resultó no existir. “No presentaron documentación nueva. Solo extendieron la póliza de una empresa ficticia”, dijo.
También cuestionó las condiciones originales en que se aceptó la garantía. “El Estado no debió aceptar una garantía de apenas un año. En contratos de esta magnitud, la cobertura debe abarcar todo el período. Cardama facturaba unos 8 millones de euros al año y este contrato era por 80 millones, el más grande de su historia”, detalló.
Sánchez afirmó que el gobierno anterior aceptó una garantía “inadecuada”, lo que dejó desprotegido al Estado. “La empresa parece ser de papel y podría haber una estafa. La Justicia debe determinar si hubo complicidad, engaño o negligencia”, sostuvo.
Ante el vencimiento de la garantía, el actual Gobierno decidió ejecutarla y descubrió que la empresa no existía. “Por eso se resolvió frenar el proceso y presentar las denuncias correspondientes”, explicó.
Consultado sobre el futuro del contrato con Cardama, Sánchez aseguró que todas las decisiones del Estado se ajustarán a derecho. “Si no hay garantía, hay incumplimiento de contrato. Por eso el presidente resolvió iniciar acciones civiles y penales por presunta estafa, y activar todos los mecanismos legales para proteger los recursos públicos”, afirmó.
Finalmente, pidió responsabilidad al sistema político. “Este no es un tema partidario. Todos deberíamos estar del mismo lado: que la Justicia investigue a fondo y se conozca toda la verdad. El Gobierno actuó con responsabilidad: no estamos haciendo política con esto, sino defendiendo los intereses de los uruguayos”, concluyó.
