La facultad indicó que no debe “ni intentar sustituir” a las autoridades judiciales ni policiales en la “determinación o ejecución” de las medidas de protección, sino “facilitar el cumplimiento” de las acciones.
Tras el ataque de un estudiante de la Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar) contra una compañera de clase, ocurrido el 1° de setiembre, la casa de estudios resolvió ajustar medidas de seguridad.
El Consejo de FMED aprobó días atrás un protocolo de actuación ante medidas cautelares impuestas por la Justicia en casos de violencia basada en género a estudiantes y funcionarios de la universidad.
Hasta el momento, regía una normativa de 2006, donde los policías sin orden de registro y escrita del juez no podían entrar a los centros universitarios. La única excepción era en casos de flagrancia delictual.
La Facultad de Medicina, según se indica en el protocolo, “no puede interponerse” a la ejecución de medidas de protección de víctimas de violencia basada en género, “ni intentar sustituir” a las autoridades judiciales ni policiales en la “determinación o ejecución” de las medidas de protección, sino “facilitar el cumplimiento” de las acciones.
El protocolo aprobado plantea cómo accionar frente a dos tipos escenarios: las personas con custodia policial a cargo del Ministerio del Interior, y quienes cuentan con dispositivos de monitoreo electrónico o tobilleras.
Para el caso de personas custodiadas por policías, FMED distingue entre los casos en que la facultad fue notificada previamente, de las situaciones en que la casa de estudios no recibe ninguna notificación y la persona se presenta al lugar de estudio o trabajo con la custodia.
Cuando exista una notificación, se buscará que quien reciba la comunicación sea el Decanato de FMED, que hará las coordinaciones necesarias para “asegurar” el cumplimiento de las medidas cautelares.
Mientras que para el caso en que no haya aviso previo, el personal de vigilancia de la institución deberán “tomar los datos” a los efectivos policiales y comunicar “de inmediato” la situación al Decanato de FMED para que realice las coordinaciones con el Ministerio del Interior y la Justicia actuante en el caso.
“Bajo ninguna circunstancia se podrá exigir que la persona con medidas cautelares de protección impuestas por la Justicia quede sin su protección”, se puntualizó en el protocolo.
FMED también definió que la información manejada entre las partes será para garantizar el cumplimiento de la medida, por lo que no se podrá pedir otros datos, así como tampoco divulgarlos. “El carácter de la situación es reservado”, se marcó. El personal de vigilancia no podrá “obstaculizar, demorar, ni impedir” la actuación policial asignada.
También se detalló que los efectivos “ingresarán con el arma de reglamentaria, sin que el personal de la facultad deba imponer obstáculos” adicionales a esa circunstancia. Otro aspecto señalado es que los funcionarios de FMED no deberán determinar por sí mismos si existe o no incumplimiento de una medida judicial.
Por otro lado, en el protocolo se establece que las personas que tengan dispositivos electrónicos, conocidos como tobilleras, “no tendrán que informar a la facultad sobre su situación, si no lo requieren”.
Si se toma conocimiento de un caso, FMED definió que “no se deberá” solicitar que el dispositivo sea “retirado, apagado o manipulado”, lo mismo que con el intercomunicador. “La persona deberá poder mantener consigo el dispositivo durante su jornada laboral, actividades académicas, clases, parciales y exámenes”, se detalló.
“No se deberá obstaculizar” el funcionamiento del sistema de monitorio, ni tampoco “divulgar entre estudiantes, docentes, funcionarios, ni terceros, la existencia del dispositivo o la situación personal de quien lo porta”, se agregó en la normativa.
La persona con tobillera “deberá poder desarrollar normalmente sus actividades de estudio o trabajo, dentro de las condiciones establecidas por las medidas judiciales”, se indicó en el protocolo.
Y por último se concluyó que “la Facultad de Medicina se encuentra comprometida con la erradicación de conductas que impliquen violencia, acoso o discriminación». «Acompañar y disponer medidas que protejan a personas con medidas cautelares de protección impuestas por la Justicia y que integran nuestra comunidad universitaria es responsabilidad de todos”, se sostuvo.
