Gobiernos del Frente Amplio y los sindicatos de la educación, una relación tensa con duros enfrentamientos
Lo que pasa hoy no es casual. A lo largo de los gobiernos del Frente Amplio, la educación fue un foco permanente de tensión entre sindicatos y autoridades, con picos de conflictividad durante los debates presupuestales y las reformas impulsadas por el Ejecutivo. El episodio de la esencialidad de 2015, ceses y renuncias en el Ministerio de Educación, los enojos de José Mujica y los reiterados reclamos por el 6% del PIB ilustran una relación marcada por choques recurrentes.
Con el paro de maestros durante tres días tras un inédito episodio de violencia en una escuela y la desafiliación de Pablo Caggiani del sindicato de maestros, una nueva controversia se suma a un vínculo que, paradójicamente, ha sido históricamente difícil para la coalición de izquierda cuando accede al poder.
El 24 de agosto de 2015 es una fecha recordada por los sindicatos de la educación y por buena parte del frenteamplismo, especialmente por quienes siguen de cerca el desempeño de la enseñanza Primaria, Secundaria, técnico-profesional y universitaria.
El escenario era similar al del presente, aunque con un ambiente mucho más convulsionado que el actual llegando a momentos de tensión inédita durante un gobierno del FA. En marzo, el sindicato de docentes de educación secundaria de Montevideo anunciaba la entrada en conflicto si no se alcanzaba el 6% del PIB para la ANEP y la universidad.
Los niveles de conflictividad, que venían radicalizándose desde 2013 con la Rendición de Cuentas, fueron creciendo con el correr de los meses. En el primer año del segundo gobierno de Vázquez hubo paros, movilizaciones y ocupaciones -fuertemente criticadas por la ministra de Educación de ese entonces, María Julia Muñoz- hasta que, una propuesta de incremento salarial considerada insuficiente para los gremios, provocó un punto de inflexión en el vínculo entre sindicatos y autoridades. Se declaró la huelga por tiempo indeterminado en secundaria en Montevideo. Comenzó el 18 de agosto.
Al tiempo que en el Parlamento se trataba el Presupuesto, el presidente Tabaré Vázquez citó a los senadores y diputados oficialistas. Allí, sentado en la cabecera de una larga mesa en Torre Ejecutiva, les informó a los legisladores de su partido sobre la que sería a la postre una de las decisiones más polémicas de su segundo mandato presidencial: iba a declarar la esencialidad en la educación. Hubo un quiebre.
En lo previo, Vázquez había prometido que una de las prioridades de su nuevo ciclo de gobierno iba tener como rumbo el cambio del ADN del sistema educativo. Sin embargo, los cuestionamientos a la imposibilidad de avanzar en ese sentido se daban incluso dentro del gobierno. “No creo que hagamos un cambio de ADN porque no están dadas las condiciones políticas”, afirmó el entonces director Nacional de Educación, Juan Pedro Mir en octubre. Las declaraciones le costaron el cargo al maestro, y días después también presentó su renuncia el entonces subsecretario de Educación, Fernando Filgueira, cuando no iba un año de gobierno.
Mientras tanto, el Parlamento continúa analizando la ley madre del actual gobierno. Aunque los senadores del Frente Amplio han manifestado su intención de priorizar la educación en las reasignaciones, la disputa por mayores recursos -con posibles medidas de protesta de los colectivos- se mantendrá, al menos, durante los próximos 25 días.
