Andrés Ojeda y Elianne Castro (Partido Colorado), junto con Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), buscan que se analice la viabilidad de aplicar el articulo 85 de la Constitución, donde se establece esta posibilidad si se cuenta con dos tercios de la Asamblea General.
Tres legisladores de la oposición enviaron una carta a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, solicitando que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo elabore un «informe técnico detallado respecto a la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto a favor del ciudadano Carlos Moisés», el hombre de 28 años que mató a su padre de varios disparos, y que días atrás fue condenado a 12 años de prisión.
«El caso presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional, habiéndose probado en el juicio que el Sr. Martínez y su familia fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos», dice la misiva, y que está firmada por el senador colorado Andrés Ojeda —y promotor de la iniciativa—, la diputada de este mismo partido Elianne Castro y el representante Álvaro Perrone.
El indulto por parte del Parlamento está previsto en el articulo 85 de la Constitución, en cuyo numeral 14 se establece que este puede concederse «por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras». Es una medida que, de acuerdo a la carta de los legisladores, «se vislumbra como una herramienta para evitar que la pena se convierta en una ‘mortificación’ adicional para una víctima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, cumpliendo así con el espíritu del artículo 26» de la carta magna.
«La propia sentencia —agrega la misiva— reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija».
Además de solicitar que el informe requerido contenga detalles sobre cómo sería el procedimiento parlamentario, y si se puede aplicar con una sentencia que todavía no está firme —ya que fue apelada—, los legisladores también quieren saber «si existen antecedentes documentados» al respecto, y cómo fue, en ese caso «el contexto general» de la aplicación del indulto «y los criterios que han guiado su uso».
