Un borrador interno que se tratará el miércoles en el directorio, el Partido Nacional propone la “aplicación firme de la internación compulsiva», además de «más presencia, más control y aplicación efectiva de la ley de faltas».
El directorio del Partido Nacional afinará y votará este miércoles en una sesión especial un borrador interno con varias propuestas sobre la problemática de las personas que viven en la calle. En este documento, además de criticar la gestión, se asegura que «la situación no da para más” y “que la respuesta debe estar a la altura: firme en la intervención, exigente en el cumplimiento de la ley y decidida en ofrecer salidas reales hacia la rehabilitación y la convivencia pacífica”.
El borrador denominado “La violencia en calle: emergencia nacional”, al que accedió El País, se creó en una comisión especial que coordinó el director del Partido Nacional Armando Castaingdebat. En este ámbito participaron el senador Martín Lema, la diputada Fernanda Auersperg, la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía y la directora María de Lima, entre otros.
En este documento, los nacionalistas aseguran que el “abandono del Estado a los espacios públicos es alarmante e innegable”. Y que «los episodios de violencia que se registran a diario vinculados a personas en situación de calle, problemas de salud mental y adicciones han alcanzado una magnitud que exige actuar de forma inmediata y contundente».
La primera medida que se propone es la “aplicación firme de la internación compulsiva e incorporación de herramientas que permitan un marco más dinámico de actuación”.
El Partido Nacional —según se maneja en este borrador— entiende que, tras la aprobación de la ley de internación compulsiva en calle durante su gobierno (2020-2025), “es momento de dar un paso más e incorporar a la legislación la posibilidad” de disponerla en “forma inmediata cuando se constate consumo problemático en personas en situación de calle, con derivación directa a centros de rehabilitación”. En esa línea, se argumenta que el “Estado tiene la obligación de intervenir cuando una persona ya no puede hacerlo por sí misma”.
El segundo bloque de propuestas se denomina “Más presencia, más control y aplicación efectiva de la ley de faltas”. Se plantean aquí también una serie de medidas porque —se argumenta— “está prohibida la ocupación indebida de espacios públicos”. Por un lado, proponen “duplicar la cantidad de policías eventuales que contrata la Intendencia de Montevideo para la aplicación de la ley de faltas”. Por el otro, que el Ministerio de Desarrollo Social, hoy conducido por el dirigente socialista Gonzalo Civila, “retome la contratación” de efectivos “para colaborar con el Ministerio del Interior” y el gobierno departamental.
También se propone la “intensiva fiscalización de cuidacoches irregulares”. Asimismo, buscan que la intendencia capitalina y el Ministerio del Interior “acuerden el uso de garitas inutilizadas en espacios públicos para asegurar presencia policial permanente”.
Por otra parte, el documento plantea que el Ministerio de Salud Pública promueva un incremento “sustancial de cupos para dar respuesta a problemas de adicciones y salud mental acorde a la magnitud de la emergencia”.
Por último, se propone “fortalecer y escalar la modalidad de hogares” especializados en la atención y el tratamiento de usuarios con problemáticas de droga, “mediante un esquema ágil, descentralizado y orientado a resultados”. Para ello, “se sugiere habilitar derivaciones directas desde la intemperie y la captación territorial por parte de las organizaciones, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta y promover trayectorias efectivas de rehabilitación, bajo adecuados estándares de supervisión y control”.
Castaingdebat explicó este miércoles en una conferencia que se sintieron con la “responsabilidad” y la “autoridad moral de proponer” ideas para la problemática de personas que viven en la calle. Al mismo tiempo, aseguró que no tuvieron “miedo de hacer las cosas” que entendían que “había que hacer”.
