El caso tiene dos imputados y dos condenados, y se espera por la detención del dueño de una inmobiliaria de Piriápolis, que en este momento se encuentra de vacaciones en Brasil.
La jueza de crimen organizado Diovanet Olivera imputó a dos personas y condeno a otras dos por integrar una organización dedicada a la venta de terrenos con papeles falsos en Punta Negra, Maldonado.
La Fiscalía sospecha que la banda está integrada por cuatro personas más para las que ya se libró orden de detención. Un quinto participante, en tanto, murió.
El caso comenzó a raíz de una investigación administrativa dispuesta por la Intendencia de Maldonado en junio de 2019. Según pudo reconstruir la fiscalía de Delitos Económicos y complejos a cargo de Sandra Fleitas, la maniobra se armó en torno a un poder para realizar compraventas de terrenos en nombre de otras personas. Para hacer la maniobra con este documento, se falsificó la firma y se utilizó un sello de un escribano ya fallecido y que no emitía poderes desde la década del 80.
Posteriormente, los implicados buscaban terrenos de propietarios argentinos muertos o que no venían seguido al país, de manera que los predios no tuvieran una custodia permanente.
Utilizando el poder falsificado, los integrantes de la organización actuaban ficticiamente en nombre de esos propietarios y se vendían el terreno entre ellos, sin abonar precio alguno o una ínfima parte del valor real.
Posteriormente vendían el terrenos a terceros compradores de buena fe, obteniendo miles de dólares de ganancia. Para eso utilizaban una inmobiliaria de Piriápolis.
El dueño de esta empresa está requerido. Según su defensa, está de vacaciones en Río de Janeiro y volverá este domingo; también requieren a su esposa, su suegra y una escribana.
Los dos partícipes centrales de la maniobra irán a juicio oral.
Uno de ellos trabajaba en la inmobiliaria utilizada para la maniobra. Él se encargaba de conseguir los terrenos y muchas veces se apersonaba en padrones ocupados diciendo que él era el dueño e intimando a esas personas a irse bajo amenazas de embargo. Esta persona fue imputada por asociación para delinquir, además de dos delitos de uso de documento público falso y otros dos de estafa.
El otro fue el encargado de facilitar el poder del escribano fallecido. De hecho, en un allanamiento en su domicilio se encontró un sello y fotocopias de documentos utilizados por el escribano fallecido. Esta persona declaró en Fiscalía que el dueño de la inmobiliaria y su empleado se acercaron a él para hacer la maniobra.
Fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, falsificación de documento público, y estafa.
Los dos participaron de todos los negocios ilícitos y mantuvieron una conducta delictiva continuada en el tiempo, señaló la Fiscalía.
El Ministerio Público pidió prisión preventiva para los dos por 90 días, alegando que podían entorpecer la investigación si eventualmente entraran en contacto con las personas que falta detener u otros testigos.
Sin embargo, la jueza Olivera determinó que deberán cumplir arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre de este año y prohibición de comunicación con las otras personas mencionadas en la investigación. La jueza consideró que esas medidas son suficientes para no entorpecer la investigación, acogiendo el argumento de la defensa de que estos dos imputados desconocen el paradero de los otros requeridos en la causa.
Las otras dos personas que comparecieron ayer sólo participaron en algunos negocios de la maniobra. Los dos alcanzaron un acuerdo abreviado con la Fiscalía
Una de ellas es una mujer que participó en el esquema pero sin saber que todo estaba basado en un poder falso. El otro es su pareja, que participó en operaciones puntuales. Los dos fueron condenados por los delitos de asociación para delinquir y estafa y deberá cumplir 18 meses de libertad a prueba.
