Luego de semanas de negociación, la comisión de Hacienda integrada con Transporte aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por legisladores de la oposición.
Luego de semanas de negociaciones, la comisión de Hacienda Integrada con Transporte aprobó por unanimidad el proyecto de ley para bajar las multas de tránsito, iniciativa que será votada en los plenos del Parlamento en los primeros días de mayo.
Hubo algunos cambios en los montos que se definieron en última instancia, pero se selló el acuerdo partidario entre oficialismo y oposición, informó uno de los legisladores impulsores de la iniciativa, el colorado Conrado Rodríguez.
Entre las modificaciones, se estableció un tope máximo para las multas correspondientes infracciones cometidas en rutas nacionales. El importe a pagar en estos casos será de 15 Unidades Reajustables ($ 28.716).
No obstante, habrá una graduación de acuerdo a la cantidad de kilómetros por hora (KM/h) en los que excedió la velocidad máxima permitida.
En caso de ser 20 km/h y se abonase antes de los 180 días, la multa será de 2,5 Unidades Reajustables (UR), equivalente a $ 4.786.
A su vez, en caso de abonarse después de los seis meses y antes del año desde la notificación, el importe a pagar será de $ 6.700 (3,5 UR).
Pasados los 366 días, la multa a pagar ascenderá a 5 UR, es decir, $ 9.572. Lo mismo ocurrirá con aquellos que acumulen en rutas nacionales tres o más infracciones.
A partir de superar el límite de los 21 y hasta los 30 km/h, la graduación irá desde las 4 UR hasta las 8 UR.
Dentro de los 180 días, el pago deberá ser de $ 7.658, posteriormente y hasta los 365 días desde la notificación, $ 10.529,31. Se deberán pagar $ 15.315 en caso de haber transcurrido más de un año o si el titular del vehículo tiene más de tres multas en su haber.
En los casos en que el exceso de velocidad sea superior a 31 kilómetros por hora y hasta el doble del límite permitido menos uno (por ejemplo, si el límite es de 45 km/h, hasta 89 km/h), los montos serán los siguientes: 6 UR ($ 11.486) si se paga antes de los 180 días; 8,5 UR ($ 16.272) si se abona entre el día 181 y el 365; y 12 UR ($ 23.309) para quienes paguen luego de transcurrido un año o acumulen más de tres infracciones.
Si se supera el doble de la velocidad permitida no habrá ninguna rebaja dependiendo del plazo de pago: la multa será de $ 28.710 (15 UR).
Para los casos en que se cruce semáforo en forma no autorizada o se realicen adelantamientos en zonas prohibidas en rutas nacionales el castigo será de $ 19.144 (10 UR). En tanto, para quienes conduzcan vehículos bajo los efectos del alcohol o drogas —o se nieguen a hacer la espirometría— la sanción seguirá siendo de 15 UR ($ 28.716).
También se deberá abonar el mismo importe por circular sin matrícula, con matrículas adulteradas o en caso de ocultarla de forma deliberada. Este punto se planteó a solicitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que informó que había más de 300.000 multas que no se pudieron sancionar por esta razón.
La totalidad de lo recaudado por aplicar multas a vehículos que circulen con matrículas adulteradas se utilizará para financiar obras de infraestructura vial, con destino a la Corporación Nacional de Desarrollo (CND).
Asimismo, se plantea la creación de un “Fondo de Educación en Seguridad Vial” a ser administrado por el MTOP, con el objetivo de “diseñar e implementar campañas masivas de información y educación para la buena conducta de los conductores, la instalación de radares pedagógicos, para lograr un adecuado cumplimiento de la normativa de tránsito, que contribuya a reducir la siniestralidad en Uruguay”.
Según el proyecto anterior, se destinaría el 10% de lo recaudado — no se explicita en la redacción— a este fin, pero ese porcentaje específico fue eliminado, pese a que el documento hace mención a que debe establecerse un porcentaje de las multas para llevar adelante la campaña pública de educación vial.
En 2025, se aplicaron más de un millón de multas de tránsito en el país, que generaron una recaudación superior a US$ 66 millones, aunque la morosidad volvió a ubicarse por encima del 67%, un nivel que se repite desde hace años.
En concreto, se sancionaron 1.036.735 infracciones (frente a las 994.786 de 2024), pero solo 333.702 fueron pagadas o financiadas, mientras que 703.033 permanecen impagas. En el caso de las multas a extranjeros, el incumplimiento alcanza al 96%.
