En lo referido a los usuarios, el Ejecutivo básicamente se encargará de determinar cuáles serán los prestadores que los absorberán y el gremio de funcionarios está en contra.
Con votos de todos los partidos políticos, ayer el Parlamento aprobó una ley que estructura cómo se desarrollará el cierre de Casa de Galicia. La norma será promulgada por el Poder Ejecutivo en las próximas horas. Más de un mes después de que la Justicia ordenara el cierre repentino de la mutualista, ahora los 45.000 socios y los 3.000 funcionarios serán distribuidos a otros servicios de asistencia médica.
Lo que se aprobó ayer es “un primer paso para salir de la urgencia”, indicó el senador frenteamplista Daniel Olesker, en referencia a que la ley aborda el futuro de trabajadores y afiliados, pero deja a disposición del Poder Ejecutivo los detalles para la reglamentación.
En lo referido a los usuarios, el Ejecutivo básicamente se encargará de determinar cuáles serán los prestadores que los absorberán, aunque le ley establece algunas características que deberán cumplirse.
Los destinatarios no podrán tener un padrón de usuarios superior a los 100.000, no podrán contar con más del 20% de afiliados mayores de 65 años, los socios nuevos no podrán ser más del 15% del total y deberán tener una sede en las ciudades de Montevideo, La Paz o Las Piedras.
Son cuatro las instituciones médicas que cumplen con los requisitos y además están ubicadas cerca del edificio de Casa de Galicia: Cudam, Hospital Evangélico, Círculo Católico y Universal. Las autoridades sanitarias ya se han reunido con representantes de estas mutualistas, según supo VIVO Tv.
La “absorción” de usuarios funcionará en dos etapas, según el proyecto que se hizo ley ayer. En primer lugar, los antiguos socios de Casa de Galicia tendrán un plazo de 30 días para solicitar el cambio de mutualista dentro de las establecidas por el Poder Ejecutivo. La posibilidad de elección busca que los núcleos familiares se mantengan juntos y que los usuarios puedan elegir los centros que más les satisfagan o que se encuentren más cerca de sus hogares. Luego, una vez elijan la institución, las personas deberán mantenerse en ese prestador de salud durante dos años y, una vez cumplido ese plazo, “podrán migrar libremente al prestador de salud que elijan voluntariamente”.
Sobre el futuro de los trabajadores, estos se distribuirán entre los prestadores escogidos por el Poder Ejecutivo “en forma proporcional a la migración de usuarios”, aunque el texto de la ley no establece cómo será esa proporción. Sin embargo, hay algunos que no entrarán en esa distribución y la ley determina que “podrán ampararse en un régimen especial de subsidio por desempleo que establecerá el Poder Ejecutivo” durante un año. Con los datos de todos los trabajadores de la mutualista se creará una “base de datos” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que, según la ley, se “mantendrá vigente mientras queden postulantes en la misma”.
En la discusión parlamentaria de ayer, los legisladores del Frente Amplio dejaron claro que los principales cambios que hicieron a la redacción original del proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo y los legisladores de la coalición fueron referidos a los trabajadores. Inicialmente el proyecto tenía un artículo único y solamente hacía referencia a los trabajadores dependientes de la institución, algo que en la versión final se modificó para todos los trabajadores, más allá de que también presten servicios en otro centro asistencial. Además, la base de datos para todos los funcionarios fue una iniciativa de la oposición.
En contra
En ambas las dos cámaras solo hubo un voto en contra. En el caso del Senado, el nacionalista Sergio Botana se opuso a la votación diciendo: “Me pregunto cuál es la razón por la cual antes de que el difunto esté muerto nos vamos a empezar a repartir sus pilchas”. Según el legislador, el Parlamento está “haciendo oídos sordos” al dictamen de la semana pasada del Tribunal de Apelaciones que revocó el fallo original de la Justicia que decretó el cierre e incluso dispuso la posibilidad de “defensa de Casa de Galicia”.
Botana subrayó: “Al Estado uruguayo no le va a salir barata esta solución, va a salir entre 40 y 50 millones de dólares y eso es diez veces más de lo que cuesta hacer la reestructura de Casa de Galicia como una empresa médica”. En este sentido manifestó que plantear una reestructuración es algo “totalmente viable” y calificó de “apresurada” la decisión del resto de la cámara y el Ejecutivo. En Diputados, el único legislador que se opuso fue César Vega.
Mientras se discutía la ley, afuera del Palacio Legislativo la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) se manifestaba con bombos y platillos en contra del proyecto impulsado por el gobierno.
Consultada al respecto, la integrante de la comisión directiva del sindicato, Lorena Angelozzi, dijo a VIVO Tv que la principal oposición es “la falsa idea” que da la ley sobre la continuidad del trabajo para los funcionarios. “Sabemos que después del cierre de mutualistas en 2001 hubo trabajadores que nunca más se insertaron en el ámbito de la salud y tuvieron que salir a hacer otra cosa, entonces no es cierto que se está garantizando el trabajo. Se absorberán algunos, pero no todos”, explicó.
Durante el debate en Diputados la legisladora del Partido Colorado Nibia Reisch fue interrumpida por los gritos de integrantes de Afuncag. “Vimos la posición de los partidos que estuvieron alineados a votar a favor y consideramos que estar ahí era una tomada de pelo para nosotros mismos”, dijo la representante del gremio.
El “déficit” del sistema
En el año 2020 hubo una reducción del aporte que realiza Renta Generales para mantener en funcionamiento el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El aporte de la caja pública fue ese año de US$ 631 millones, mientras que en 2019 había sido de US$ 716 millones (siempre calculado con el dólar promedio del año 2020, el que se había situado en US$ 42,06).
En 2017 se dio el mayor aporte de Rentas Generales: US$ 720 millones. Tras ello y, de manera oscilante, empezó una caída al punto que en el año 2020 aquello que salió de las arcas públicas son cifras similares a las observadas en 2016.
La estabilidad del sistema tras la incorporación paulatina de todos los colectivos podría ser una de las explicaciones de la reducción del aporte observado en los últimos años.
Setiembre fue el mes en que más pérdidas tuvo el sistema durante 2020. Los reintegros de aportes explican que en ese mes el déficit triplicó al promedio del resto del año.
En enero de 2020 hubo saldo positivo: ingresó más dinero del que egresó. Eso se explica por una mayor recaudación de la Asesoría Tributaria y Recaudación del BPS y una mayor recaudación de gobierno central. El resultado ese mes fue favorable en US$ 2,5 millones.
Hay quienes consideran que el aporte de Rentas Generales al Fonasa es un déficit. En esa línea estaba la administración del exministro Danilo Astori. Su asesor, Martín Vallcorba se refirió en 2016 al “resultado deficitario” del Fonasa. En cambio, el SMU y el exministro de Salud Daniel Olesker refieren a que la propia ley de creación del sistema ya dejaba en claro que una parte del dinero sale de Rentas General.
Fuente: El Pais
